De como criticar lo público ante las cámaras y detrás vivir de ello

O lo que es lo mismo: Arturo Fernández

Hoy, saltándonos un poco nuestro ámbito geográfico, no puedo dejar de comentar la actualidad relacionada con este "ejemplar" empresario.

Todos sabéis quién es Arturo Fernández, ¿verdad? El presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE... Ese gran empresario (o ¿habría que decir emprendedor para que quede políticamente correcto?) al que sus trabajadores denuncian por pagos en negro, ¿recordáis? También es el mismo al que la Seguridad Social le reclama 400.000€. Arturo Fernández es un hombre hecho a sí mismo y, por tanto, se siente muy orgulloso de deber 3 millones de € a la Seguridad Social, y lo va pregonando a los 4 vientos. 

Arturo Fernández también es aquel que, siguiendo los criterios de patronal y CEOE, dice que el mejor sistema público es el que no existe, es aquel que arremete contra el "número desproporcionado de funcionarios", la gran mayoría vagos y maleantes. Es aquel que dice que lo público no es sostenible. También es el que nos dice, al resto de los ciudadanos normales, evidentemente, que no podemos vivir de las subvenciones ni de las ayudas del estado... 

Arturo Fernández es ese ser entrañable que gestionaba la cafetería del Congreso (espera, ¿en serio? ¿del Congreso? ¿eso no es público? ¿eso no lo pagamos todos?) hasta que el Gobierno no tuvo más remedio que revocarle la adjudicación dadas las noticias aparecidas en la prensa. 

Arturo Fernández es el Presidente del Grupo Cantoblanco, "una sólida empresa de tercera generación con más de 100 años de historia, especializada en la restauración, ocio y servicios" como reza en su página web.

Grupo Cantoblanco Colectividades, S.L. es una empresa del conglomerado de Arturo Fernández, el defenestrador de lo público, que ha sido la ganadora de la adjudicación de Servicios de hostelería en la Residencia Jorge Juan de Alicante, dependiente del Ministerio de Defensa y publicada en el BOE del 26 de febrero. Aquí os dejo el enlace. Son tres millones y medio de euros para el que pregona la desaparición de lo público... de lo público para los demás, claro, ¡no sea que se le vaya a acabar el chollo!

Y ahora viene la pregunta del millón que espero que algún jurídico, o alguien bien enterado de como funcionan las adjudicaciones públicas, nos pueda aclarar. ¿No hay que presentar una declaración jurada de estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social y con Hacienda para optar a los concursos públicos? ¿O eso sólo es válido cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas? A una persona que reconoce públicamente que no paga la Seguridad Social, ¿se le puede adjudicar, sin saltarse la legalidad, un concurso de cualquier administración pública? 

En fin, otro ejemplo más de que hay dos clases de ciudadanos: los "grandes y ejemplares empresarios" y los demás.

¡Hasta la próxima entrada!